PGR interroga al presidente de Odebrecht por corrupción en Pemex

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Bahía Odebrecht, rindió su declaración este martes en la ciudad de Curitiva, Brasil.

Hasta ahora, expuso, se han tomado las declaraciones de 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes intervinieron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública que fueron asignados a las empresas Odebrecht S.A. y Braskem S. A. -La brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio.

El próximo 1 de junio la Procuraduría de Brasil dará a conocer a la PGR la información que posee sobre el caso que involucra a funcionarios de Angola, Mozambique, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. En Brasil la trama fue descubierta hace tres años.

Otras sospechas alcanzan a los gobiernos de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), en este último caso por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral.

En Ecuador, donde la compañía pagó unos 33,5 millones de dólares en sobornos, el gobierno detuvo a un empresario y a un ex ministro de electricidad vinculados a los sobornos, y comenzó a revisar los 30 contratos suscritos con Odebrecht desde 1990.

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Investigaciones recientes descubrieron múltiples casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, lo que demuestra que la corrupción sigue siendo un desafío para los perfiles de crédito soberano en toda América Latina, aseguró la calificadora de riesgos Moodys en un documento.

Según el diario brasileño Estado, Marcelo Odebrecht mencionó en denuncias previas el nombre del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya.

El procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido gobernante, suscribió en enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar a funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados en un periodo de ocho años.

(Con información de AFP).